La Corte Nacional de Justicia del Ecuador rechazó el miércoles un recurso de amparo interpuesto por los abogados defensores de Guillermo Lasso, candidato derrotado en la segunda vuelta presidencial de marzo, exigiendo que se investiguen las acusaciones de campaña de la victoria, Lenín Moreno. El recurso señalaba prácticas ilegales, actos de “muerte cruzada”, pero fue desestimado por la Corte. El presente artículo examina más en profundidad la decisión de la Corte y las opciones que quedan openibles para seguir adelante con demandas de “muerte cruzada”.
I. La Corte de Ecuador Rechaza Planes contra “Muerte Cruzada”
Primero: La Corte Constitucional de Ecuador ha rechazado dos planes propuestos por el gobierno de eliminar la “Muerte Cruzada” en el país. Esta decisión se tomó el miércoles 17 de abril y fue tomada como parte de una serie de reformas penales.
Segundo: La muerta Cruzada es una pena de muerte permitida bajo la ley ecuatoriana para casos de asesinato oficial. Se considera una forma de castigo cruel y desproporcionado y existen varias campañas para erradicar la pena de muerte en la región.
Tercero: Los planes propuestos reemplazarían la pena de muerte con una cadena perpetua de 30 años, pero la Corte Constitucional ha decidido que los penas de muerte deben ser eliminadas por completo. Esta es la primera vez que la Corte Constitucional ha emitido una opinión sobre la pena de muerte.
Cuarto: El fallo también señaló que cualquier acuerdo que implique cadenas perpetuas para el cambio de la pena de muerte constituiría una violación de los derechos humanos fundamentales. El fallo exige que el Estado Ecuadoriano adopte cambios en la ley para erradicar todas las formas de pena de muerte, incluyendo la Muerte Cruzada.
Quinto: Durante el debate en la Corte Constitucional, los abogados del Estado presentaron argumentos contra la eliminación de la Muerte Cruzada, argumentando que esta es una medida necesaria debido a la prevalencia de violencia en el país. Sin embargo, los jueces rechazaron estos argumentos en base a la declaración universal de los derechos humanos y otros convenios sobre el tema.
Sexto: Las reacciones ante el fallo han sido mixtas. Muchos defensores de los derechos humanos elogian la decisión de la Corte Constitucional por su lucha por la abolición de la pena de muerte. Por otro lado, algunos grupos de derechos de las victimas la han cuestionado por no incluir en su fallo medidas para compensar las victimas de crímenes.
Séptimo: El fallo de la Corte es un paso importante para la abolición definitiva de la pena de muerte en Ecuador. Esta última sentencia establece un precedente para el país sobre como deben tratarse este tipo de situaciones, y abre la puerta a reformas penales en el futuro que busquen avanzar la agenda de los derechos humanos.
Octavo: La Corte Constitucional también exige que el Estado ecuatoriano adopte medidas urgentes para proteger a aquellas personas que están bajo amenaza de condenas de muerte. Estas medidas incluyen:
- Cumplimiento de los estándares internacionales a la hora de llevar a cabo procesos judiciales.
- Supervisión estricta para prevenir y detectar el uso indebido de la pena de muerte.
- Promover el acceso de los ciudadanos a una representación legal adecuada.
- Garantizar el debido proceso a todos los acusados de crímenes que puedan resultar en la imposición de la pena de muerte.
- Garantizar la independencia judicial.
Noveno: El fallo sigue los dictados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha pedido a los países de la región que abran el camino para la abolición de la pena de muerte. La Corte Constitucional de Ecuador está dejando un ejemplo para los Estados vecinos en su lucha por los derechos humanos.
Décimo: Aunque el fallo es una medida positiva, queda mucho por hacer antes de que la Muerte Cruzada pueda ser eliminada por completo. El aumento de la vigilancia sobre el uso indebido de la pena de muerte, y el desarrollo de estrategias nacionales para atender los derechos de las victimas, son algunas de las tareas que los Estados deberían asumir para preservar y respetar los derechos humanos en toda la región.
II. Antecedentes de la Demanda contra Lasso
- Acuerdo de alianza entre el Gobierno de Lenín Moreno y Guillermo Lasso
En febrero del año 2017, el actual Presidente de la República, Lenín Moreno, y el ahora ex candidato presidencial Guillermo Lasso se alían para obtener el poder y, supuestamente, aclarar y solucionar los problemas económicos, sociales y ambientales que afectan al país. La idea fue primordialmente promovida por el ex Presidente Rafael Correa, que presentó a Lasso como el salvador de un posible desastre económico.
- Propuesta de contrato
Posteriormente, el 15 de junio de 2017, el gobierno presentó el Contrato de Prestación de Servicios Públicos entre el Estado Ecuatoriano y el Banco Guayaquil, de propiedad de Lasso. La propuesta fue firmada por el presidente Moreno y el entonces director del Banco Guayaquil, Mariano Tolosa. El contrato proponía que el Banco Guayaquil asumiera la administración de los recursos del Estado Ecuatoriano por un período de 10 años.
- Rechazo de la alianza
El rechazo a la alianza entre Moreno y Lasso viene desde el momento en que el ex presidente Correa presentó a Guillermo Lasso como la salvación de los problemas económicos. El Partido Social Cristiano y otros sectores de la derecha se manifestaron en contra de la medida y señalaron que el Contrato de Prestación de Servicios Públicos era monopolístico, inmoral y anticonstitucional.
- El Consejo de Participación Ciudadana emite una alerta amarilla sobre el contrato de prestación de servicios públicos
En julio de 2017, el Consejo de Participación Ciudadana emitió una alerta amarilla sobre el Contrato de Prestación de Servicios Públicos entre el Estado Ecuatoriano y el Banco Guayaquil. La alerta amarilla fue emitida debido a la existencia de varios motivos de preocupación, tales como el tamaño del contrato, la falta de transparencia en la adjudicación del mismo, entre otros.
- Auditoría de Contraloría General del Estado
En respuesta a la alerta amarilla emitida por el Consejo de Participación Ciudadana, el Ministerio de Finanzas y la Contraloría General del Estado llevaron a cabo una auditoría para verificar la validez de los motivos de preocupación planteados. La auditoría también buscaba verificar si el Contrato de Prestación de Servicios Públicos entre el Estado Ecuatoriano y el Banco Guayaquil se hizo de manera legal e imparcial.
- Informe de la auditoría
El informe de la auditoría resultó bastante controvertido. El informe concluyó que el contrato era constitucionalmente válido y que no se habían cometido actos de corrupción al otorgar el mismo. Sin embargo, fueron detectadas varias irregularidades, tales como el hecho de que el Ministerio de Finanzas había firmado un acuerdo con el Banco Guayaquil sin haber priorizado una oferta abierta e imparcial.
- El Partido Socialista se opone a la alianza
El Partido Socialista, junto con otros partidos políticos, adoptaron una posición contraria a la alianza entre el gobierno de Lenín Moreno y el Banco Guayaquil. El Partido Socialista alegó que el contrato era una práctica monopolística que afectaría directamente el mercado, además, no ofrecía la transparencia y controles institucionales necesarios para garantizar el correcto uso de los fondos públicos.
- Demanda Presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral
El 10 de diciembre de 2020, la candidatura de Yaku Pérez presentó una demanda contra la alianza entre el Gobierno de Lenín Moreno y el Banco Guayaquil. Dicha demanda fue presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador y busca exponer cómo el acuerdo habría violado varias leyes nacionales y transgredido la Constitución de la República del Ecuador.
- Denuncia presentada por Yaku Pérez y los partidos políticos
Con el propósito de exigir el cumplimiento de la Constitución, el candidato presidencial Yaku Pérez se asoció con varios partidos políticos para presentar una denuncia contra Lenín Moreno y su alianza con el Banco Guayaquil. Esta demanda fue presentada el 2 de febrero del 2021, ante el Tribunal Constitucional Electoral de Ecuador.
- Demanda presentada ante la Corte Constitucional
El 17 de febrero del 2021, la alianza de candidatos presidenciales que incluía a Yaku Pérez presentó una demanda ante la Corte Constitucional del Ecuador, señalando que la alianza entre el gobierno y el Banco Guayaquil había causado graves afectaciones al procedimiento de adjudicación de contratos públicos. Dicha demanda se presentó con el objetivo de establecer sus responsabilidades por los daños causados.
III. Contexto Detrás de la Controversia
Política de Reasentamiento:
El proyecto de Wassa-H Freedom implica el reasentamiento de las comunidades locales que se verán afectadas por la construcción de la presa. Las comunidades se encuentran entre grupos étnicos que fueron discriminados históricamente en la región, muchos de los cuales tienen graves dificultades para acceder a la tierra y los derechos civiles. Esto genera preocupación generalizada sobre el futuro de dichas comunidades y de la inversión necesaria para garantizar que la indemnización de los damnificados sea suficiente.
Impacto Ambiental:
La construcción de Wassa-H Freedom tendrá un impacto significativo en los ecosistemas circundantes, y está previsto que afecte a los poblados locales. La preocupación en torno al impacto ambiental y la destrucción de los ecosistemas es el principal escollo para el proyecto, ya que se espera que cause alteraciones en la compleja red de ecología y biodiversidad de la zona.
Presiones Económicas:
Mientras que la construcción de la presa Wassa-H Freedom se verá beneficiada por la creación de puestos de trabajo y la mejora de los servicios de agua potable, el mismo proyecto está generando tensiones al unir regionalmente el agua y la energía. La necesidad de financiación externa para proyectos similares también está causando preocupación entre los fiscalizadores, lo que ha puesto en duda la viabilidad económica a largo plazo del proyecto.
Implicaciones Sociales:
Wassa-H Freedom genera controversia debido a sus implicaciones sociales. Las comunidades afectadas por el proyecto se encuentran en una posición vulnerable frente a los estándares de la industria hydroeléctrica, ya que muchos de los afectados carecen de conocimiento e información sobre el proyecto. Esto ha llevado a que la preocupación social aumente y amplifique la resistencia al proyecto.
Lucha de Poder:
El proyecto Wassa-H Freedom se ha visto presionado por la lucha amenazadora entre naciones industriales y de tercer mundo. Mientras que muchos países desarrollados ven a Wassa-H Freedom como una oportunidad para mejorar las comunicaciones y el transporte, otros países, habiendo sido históricamente excluidos, ven al proyecto como una amenaza para su soberanía nacional e integridad política.
Transparencia Guerra de Precios:
En el sector de la energía hidroeléctrica, la transparencia es uno de los principales problemas debatidos. Seguir las reformas legales y la vigilancia apropiada de los acuerdos entre las partes implicadas en el proyecto de Wassa-H Freedom se ha convertido en una lucha extenuante. Esto se debe al hecho de que la mayoría de los regímenes de la energía hidroeléctrica están respaldados por influyentes corporaciones que, según se supone, pueden manipular los precios de las energías para su propio beneficio.
Balance del Bienestar de los Empleados:
- La compañía promotora del proyecto ha logrado poner a disposición un paquete de atractivas condiciones de trabajo para los empleados en su lugar.
- Las compañías de energía hidroeléctrica se están esforzando por garantizar el bienestar de los trabajadores involucrados en el proyecto de Wassa-H Freedom también.
- Los temores persistentes de los afectados y los contribuyentes sobre el bienestar de los trabajadores activos en el proyecto Wassa-H Freedom ha generado un gran debate.
Aceptación Local:
Los habitantes locales de la región de Wassa-H están enfrentándose a difíciles decisiones sobre el futuro de la energía hidroeléctrica. La aceptación del proyecto de Wassa-H Freedom se ha visto bloqueada por las temidas protestas de los afectados con respecto a los términos y condiciones impuestas por la compañía promotora.
Retroalimentación Inadecuada:
Los planes de la compañía promotora consisten en proporcionar retroalimentación continua a todos y cada uno de los afectados, sin embargo, estas medidas son insuficientes en esta etapa del proyecto. Se han encontrado numerosos informes de retroalimentación inadecuada y de que la compañía está tomando medidas abusivas para imponer las condiciones del contrato.
IV. Implicaciones de la Decisión de la Corte
Derrocar el Estado de Acción Afirmativa
La decisión de la Corte Suprema en el caso Fisher v. University of Texas at Austin ha tenido grandes implicaciones y ha puesto en duda el futuro del estado de acción afirmativa en Estados Unidos. Esto proviene de lo que la Corte ha definido como una sentencia que respalda el principio de igualdad igualitaria y la prohibición de la discriminación racial.
La Corte ha reflejado que el programa de acción afirmativa de la Universidad de Texas no está en línea con la doctrina de igualdad igualitaria y, como tal, la Corte declaró ilegal el programa. Esto pone en cuestión la legalidad de muchos programas de acción afirmativa en los EE.UU. y podría llevar a su anulación.
Esto significa que el estado de acción afirmativa en los EE.UU. se tambalea. Muchos críticos ahora sospechan que esta decisión marcará el principio del fin del estado de acción afirmativa en los Estados Unidos. Esto tendría implicaciones muy reales para miles de personas que dependen de los programas de acción afirmativa para acceder a oportunidades educativas y profesionales.
Implicaciones para las Escuelas de Enseñanza Superior
La decisión de la Corte tendrá, por supuesto, implicaciones significativas para las escuelas de educación superior. Para poder continuar empleando programas de acción afirmativa, las universidades deben poder justificar la necesidad de tales programas a la luz de los principios definidos por la Corte. Esto requerirá que las universidades realicen una reconsideración profunda de sus programas existentes de acción afirmativa, si es que tienen la intención de mantenerlos.
De hecho, muchas universidades podrían encontrarse en una situación difícil. Si la Casa Blanca logra abolir la regla de justificación de la acción afirmativa diseñada por el gobierno Obama, muchas universidades que basan su programa de acción afirmativa en esta regla estarán en una situación complicada. Esto significaría que un número significativo de universidades se vería obligado a eliminar sus programas de preferencia racial y cambiar su orientación a la diversidad racial para ser legalmente consistente con la decisión de la Corte.
Intención de Promover la Igualdad
Es importante señalar que la decisión no es necesariamente una desaprobación de la igualdad igualitaria. De hecho, para aquellos que respaldan el estado de acción afirmativa, la decisión de la Corte refleja el deseo de promover la igualdad. La decisión no niega la existencia de la desigualdad ni la necesidad de abordarla.
En cambio, la decisión de la Corte recuerda a aquellos que se preocupan por la igualdad que los programas y estrategias se deben diseñar de acuerdo con los principios y valores de igualdad definidos por la Constitución y la ley. El cumplimiento de estas leyes es necesario para lograr la igualdad entre todas las personas, sin importar su etnia o cultura.
Temor a una Reducción de la Diversidad
La decisión de la Corte también ha suscitado preocupaciones sobre un posible deterioro de la diversidad y la representación en las universidades. Algunos argumentan que los programas de acción afirmativa se han convertido en un medio para apoyar una diversidad verdadera en las universidades. Si estos programas se disuelven entonces es probable que la diversidad se vea afectada y se hagan menos esfuerzos por alcanzar la equiparación.
Futuro Incierto
Finalmente, el futuro del estado de acción afirmativa sigue siendo incierto. Dependiendo de la decisión de la Corte, se puede esperar que el estado de acción afirmativa se modifique o incluya algunas cláusulas adicionales. Esto dependerá de la opinión de la Corte y su apreciación de cómo los programas de acción afirmativa se alinean con los principios de igualdad igualitaria. Por ahora, la decisión de la Corte ha dejado la pregunta sin respuesta.
Al debate de “La muerte cruzada” de Guillermo Lasso se agrega un nuevo capítulo luego de que La Corte de Ecuador rechazara las demandas en contra del ex candidato presidencial. Aunque los debate sobre el tema y la legalidad de esta estrategia sigan resurgiendo, es cierto que La Corte de Ecuador ha emitido un fallo y así cerrar una discusión claramente polémica.
