La corrupción política es uno de los problemas más graves que afectan a la democracia y al desarrollo de los países. Muchos ciudadanos se preguntan cómo se puede castigar a los políticos que han cometido delitos o han abusado de su poder durante su gestión. En este artículo, vamos a explicar cuáles son las causas y los procedimientos que se pueden seguir para encarcelar a un político después de terminar su cargo.
Juicio político
Una de las vías para sancionar a los políticos que han violado la Constitución, las leyes federales o el manejo de los fondos y recursos públicos es el juicio político. Este es un procedimiento de orden constitucional que realizan las cámaras del Congreso: la Cámara de Diputados como órgano de acusación y la Cámara de Senadores como órgano de sentencia1.
El juicio político puede iniciarse por una denuncia de cualquier ciudadano o por una solicitud de la tercera parte de los integrantes de alguna de las cámaras del Congreso. El juicio político sólo puede iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones. Las sanciones se aplican en un plazo no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento1.
Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta veinte años1.
Los sujetos de juicio político son los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. Asimismo, pueden ser sujetos los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía1.
Proceso penal
Otra forma de encarcelar a un político después de terminar su cargo es mediante un proceso penal. Este es un conjunto de actos jurídicos que se realizan para investigar, acusar y juzgar a una persona por la presunta comisión de un delito. El proceso penal se rige por el principio de presunción de inocencia, es decir, que toda persona se considera inocente hasta que se demuestre lo contrario.
El proceso penal se inicia con una denuncia o una querella, que son las formas en que se pone en conocimiento del Ministerio Público la posible existencia de un delito. El Ministerio Público es el órgano encargado de investigar y perseguir los delitos. Una vez recibida la denuncia o la querella, el Ministerio Público debe realizar las diligencias necesarias para determinar si hay elementos suficientes para ejercer la acción penal, es decir, para acusar formalmente al presunto responsable ante un juez.
El juez es el encargado de resolver si hay o no lugar a abrir un juicio, que es la etapa en la que se presentan las pruebas y los argumentos tanto del Ministerio Público como del acusado y su defensa. El juicio puede ser oral o escrito, dependiendo del tipo de delito y del sistema penal vigente. Al final del juicio, el juez dicta una sentencia, que puede ser absolutoria o condenatoria.
Si la sentencia es condenatoria, el juez impone una pena, que puede ser de prisión, multa, trabajo comunitario, inhabilitación, entre otras. La pena debe ser proporcional a la gravedad del delito y al grado de culpabilidad del acusado. La sentencia puede ser impugnada por cualquiera de las partes mediante un recurso, que es un medio para solicitar la revisión de la decisión por un tribunal superior.
Los políticos pueden ser sujetos de proceso penal por cualquier delito que hayan cometido durante o después de su cargo, siempre y cuando no hayan prescrito, es decir, que no haya transcurrido el plazo legal para su persecución. Algunos de los delitos más comunes que se les imputan son el peculado, el cohecho, el enriquecimiento ilícito, el desvío de recursos, el fraude, la malversación, el abuso de autoridad, la extorsión, el tráfico de influencias, entre otros.
Conclusiones
Encarcelar a un político después de terminar su cargo no es una tarea fácil ni rápida. Se requiere de un marco legal que garantice el debido proceso, el respeto a los derechos humanos y la independencia judicial. Se requiere también de una voluntad política que no se deje influir por intereses partidistas o personales. Y se requiere sobre todo de una ciudadanía activa y vigilante que exija rendición de cuentas y combata la impunidad.
Encarcelar a un político no es un fin en sí mismo, sino un medio para hacer justicia y fortalecer la democracia. No se trata de buscar venganza o legitimación, sino de garantizar el Estado de derecho y el bien común. Encarcelar a un político es una responsabilidad compartida entre las instituciones y la sociedad.
